Abstract
This article analyzes direct contracting due to a state of emergency in Colombia through a case study of the municipality of La Jagua de Ibirico, Cesar, concerning the declaration issued to address the water supply crisis caused by the overflow of the Sororia River. It examines the regulatory, jurisprudential, and doctrinal foundations of this exceptional contracting mechanism, as well as its limits regarding the principles of transparency, accountability, objective selection, and good administration. The study identifies risks associated with the improper declaration of emergency contracting, particularly when it is used to avoid ordinary selection procedures or weaken control mechanisms. Finally, it proposes recommendations aimed at strengthening the reasoning of administrative acts, contractual planning, fiscal oversight, and citizen participation in emergency contexts.
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