Abstract
The environmental sanctioning authority exercised by the State is the means by which the protection of collective rights is guaranteed, highlighting the environment; however, safeguarding this environment must have distinctive characteristics regarding subjects of special protection, such as indigenous peoples, whose worldview nuances the vision held by the majority culture. This research identifies how the mechanisms proposed by environmental sanctioning regulations can or cannot be effective in guaranteeing the Fundamental Rights of these groups, which is why the recognition of problems and the establishment of possible advances that facilitate verifying the degree of participation of these peoples, who have historically been subjugated by the majority groups, will be prioritized.
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