Abstract
The investigation to analyze the criminal implications that have arisen from the failure to comply with the principle of planning in public procurement. To this end, the case study of contract 1043 of 2020, signed between the Ministry of Information Technologies and Communications and the Unión Temporal Centros Poblados, has been taken.
From a documentary approach, the study examines the related regulatory framework, with special attention to Law 80 of 1993 (Congress of the Republic, 1993) and Law 1150 of 2007 (Congress of the Republic, 2007), concluding that its unequal application has created a significant gap between what is required and what is executed—a clear indication of a lack of planning, not as a minor administrative error, but as a factor that can lead to disciplinary, fiscal, and criminal liability. As the main conclusions of the study, it details the non-compliance with essential requirements committed in the Centros Poblados case, particularly the verification of guarantees, sufficient and timely control of the advance payment, evident failures in supervision and technical traceability, which, in sum, led to the termination of the contract. It was also concluded that, by declaring fiscal responsibility of more than 87 billion regarding functional duties, the Comptroller's Office sanctioned officials and individuals, citing the omission of functional duties, as well as the initiation of investigations for contracts
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