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Abstract
Through this document, it seeks to address the following research problem question: What are the strengths and weaknesses of the Colombian regulatory framework in relation to the recognition of the right to land and property for peasants who have been displaced from their lands? Although the Colombian legal system officially recognizes these rights, their practical enforcement is very limited. This is due to factors such as institutional problems, lack of coordination among the responsible entities, limited state presence in rural areas, and the persistence of violence.
The analysis evaluates the effectiveness of the Colombian regulatory framework and public policies on land restitution, identifying the legal obstacles that hinder effective access to restitution. It also examines the role of the competent institutions and the real impact of the measures adopted, contributing to the understanding of the challenges of social justice and territorial equity in the Colombian rural context.
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