Repensar la vida académica en Derecho: hacia una formación más práctica, motivadora y humana en Bogotá

Resumen

El presente estudio surge de una pregunta que atraviesa la experiencia de muchos jóvenes universitarios: ¿cómo mejorar la vida académica de los estudiantes de la Facultad de Derecho en Bogotá durante el periodo 2022–2025? Más que un simple interrogante, esta cuestión invita a mirar con atención las condiciones reales en las que los estudiantes aprenden, se relacionan y construyen su proyecto de vida dentro de la universidad. El propósito de esta investigación es, por tanto, comprender los factores que inciden en esa experiencia y proponer caminos para hacerla más plena, significativa y humana.
El análisis, sustentado en el marco constitucional, legal, jurisprudencial, doctrinal y teórico, revela que la vida académica de un estudiante de Derecho no se reduce a cumplir con un plan de estudios ni a aprobar asignaturas. Es una vivencia integral donde se entrelazan el aprendizaje, la motivación, el bienestar emocional y la práctica profesional. Por ello, mejorarla exige repensar la educación jurídica: pasar de una formación centrada en la memorización y el rigor formal hacia otra que valore la reflexión, el pensamiento crítico y el acompañamiento humano.
La investigación plantea que transformar la vida académica implica cambiar tanto las estructuras como las relaciones que se dan dentro de la universidad. No basta con abrir más cupos o modernizar los currículos; se requiere una educación que escuche, apoye y motive. Las políticas de bienestar psicosocial, la formación práctica en consultorios jurídicos, la participación activa de los docentes y la creación de entornos saludables son elementos clave para lograrlo. En este sentido, el papel del profesor cobra un valor especial: más que un transmisor de conocimientos, debe convertirse en un guía capaz de inspirar confianza, autonomía y sentido de propósito.
Desde el punto de vista normativo, la Constitución Política de 1991 y leyes como la 30 de 1992, la 1911 de 2018 y la 2307 de 2023 refuerzan el compromiso del Estado con la educación como un derecho y un deber social. De igual forma, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha insistido en que la educación superior debe ser accesible, inclusiva y adaptada a las necesidades reales de los estudiantes. Estas normas y fallos no son simples mandatos jurídicos: representan una invitación a construir universidades más humanas, donde cada estudiante pueda desarrollarse plenamente.
En el ámbito teórico, autores como Vincent Tinto (1993) y Edward Deci y Richard Ryan (1985, 2000) ayudan a comprender que la permanencia y el éxito académico dependen, en gran medida, del sentido de pertenencia, la motivación intrínseca y la calidad de las relaciones dentro del entorno educativo. Cuando el estudiante se siente escuchado, valorado y acompañado, su compromiso con el aprendizaje se fortalece.
En conclusión, mejorar la vida académica de los estudiantes de Derecho en Bogotá no es solo una tarea institucional, sino un compromiso colectivo. Implica reconocer que detrás de cada número de matrícula hay una historia, una vocación y un sueño. Una educación jurídica verdaderamente transformadora debe unir la excelencia académica con la empatía, la exigencia con el cuidado, y el conocimiento con el propósito social. Solo así será posible formar abogados capaces no solo de interpretar las leyes, sino también de comprender la vida y defender la dignidad humana en todas sus formas.