Resumen
La investigación analiza las implicaciones penales derivadas del incumplimiento del principio de planeación en la contratación estatal, tomando como estudio de caso el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías, Información y de las Comunicaciones con la Unión Temporal Centros Poblados. Se analiza el marco normativo, en atención a la Ley 80 de 1993 (Congreso de la República, 1993) y la Ley 1150 de 2007 (Congreso de la República, 2007), concluyendo que su aplicación desigual ha generado una brecha entre lo que se exige y lo que se ejecuta, evidenciando la falta de planeación, no como un error administrativo de índole menor, sino como un factor que puede trascender a una responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal. Se detalla el incumplimiento de los requisitos esenciales cometido en el caso Centros Poblados, en especial, la verificación de garantías, el control suficiente y oportuno del anticipo, evidentes fallas en la supervisión y trazabilidad técnica, lo que, en suma, llevó a la caducidad del contrato.
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