Resumen
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) constituye una política pública esencial para garantizar el derecho fundamental a la alimentación de millones de estudiantes colombianos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo además a la permanencia escolar. Su ejecución se desarrolla a través de contratos estatales que, conforme a la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 2195 de 2022, deben incluir cláusulas excepcionales, entre ellas la caducidad administrativa. No obstante, el ordenamiento jurídico colombiano carece de una metodología estandarizada para cuantificar los perjuicios derivados del incumplimiento en los valores nutricionales pactados contractualmente, lo que genera vacíos probatorios que prolongan los litigios y debilitan la defensa del Estado. Este artículo analiza la caducidad como potestad excepcional en los contratos del PAE, examina el caso concreto del Consejo de Estado (Expediente 05001-23-33-000-2012-00888-01, Radicado 65983, 2024) sobre el contrato No. 4600028206 entre el Municipio de Medellín y ALFABA S.A., y propone una metodología técnica de cuantificación financiera de perjuicios basada en la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (TCAC 2018) del ICBF y los estándares de la Resolución 335 de 2021 de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar. La investigación concluye con propuestas de reforma normativa orientadas a fortalecer el marco jurídico de la contratación del PAE y a dotar a supervisores e interventores de herramientas técnicas para sustentar con mayor eficacia la declaratoria de caducidad
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