Abstract
Colombia's School Feeding Program (PAE) is an essential public policy aimed at guaranteeing the fundamental right to food for millions of vulnerable students, while promoting school attendance. Its implementation relies on state contracts that, pursuant to Law 80 of 1993 as amended by Law 2195 of 2022, must include exceptional clauses, among them administrative contract forfeiture (caducidad). However, Colombian law lacks a standardized methodology for quantifying damages arising from breaches of contractually agreed nutritional values, creating evidentiary gaps that prolong litigation and undermine the State's legal defense. This article analyzes forfeiture as an exceptional prerogative in PAE contracts, examines the Council of State ruling (Case 05001-23-33-000-2012-00888-01, Ref. 65983, 2024) on contract No. 4600028206 between the Municipality of Medellín and ALFABA S.A., and proposes a technical methodology for the financial quantification of nutritional damages based on the Colombian Food Composition Table (TCAC 2018) and the standards of Resolution 335 of 2021 issued by the Special Administrative Unit for School Feeding. The study concludes with legislative reform proposals to strengthen the legal framework for PAE procurement and equip supervisors and monitors with technical tools to more effectively support forfeiture declarations.
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